En el marco de la 10° revisión a México en el marco del 91° período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las organizaciones articuladas en el Espacio OSC presentan un documento clave que busca enriquecer el análisis del informe del Estado mexicano y sus respuestas a la lista de cuestiones.

Este insumo se enfoca especialmente en el párrafo 11 del informe del Estado, donde se mencionan medidas de protección dirigidas a mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas. A partir de esa afirmación, las organizaciones firmantes contrastan la narrativa oficial con evidencia recogida en el terreno, mostrando una realidad marcada por violencia persistente, impunidad y obstáculos estructurales para ejercer la defensa de derechos y la libertad de expresión desde una perspectiva de género.

El documento también examina de manera crítica los principales desafíos en la política de protección vigente, particularmente a partir del funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y su implementación de la perspectiva de género. A lo largo del análisis, se identifican limitaciones estructurales y operativas del Mecanismo, y se proponen recomendaciones específicas orientadas a su fortalecimiento, con enfoque de género, pertinencia cultural y participación efectiva de las personas beneficiarias.

Asimismo, se recuerda que México ha ratificado instrumentos internacionales clave —como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Acuerdo de Escazú— que establecen obligaciones claras para prevenir la violencia, garantizar condiciones seguras para el ejercicio de estas actividades, y adoptar políticas públicas eficaces.

Invitamos a instituciones, academia, personas defensoras y periodistas, y público en general interesado a conocer este análisis detallado, con el fin de contribuir a una evaluación rigurosa de la situación en México y a la formulación de recomendaciones que cierren la brecha entre los compromisos asumidos y la realidad vivida por defensoras y periodistas en el país.

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