• México es el tercer país más riesgoso de América Latina para defender el medio ambiente; en 2025 se documentaron 314 agresiones y al menos 10 homicidios.
• Las autoridades deben cesar los discursos de desprestigio contra las personas defensoras y garantizar su protección, conforme al Acuerdo de Escazú.

Ciudad de México, 16 de julio de 2026. En el marco del Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, que se conmemora el 17 de julio, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) realizó el conversatorio en línea “Personas defensoras del medio ambiente: desafíos para su protección y acceso a derechos”, un espacio de diálogo para visibilizar los riesgos que enfrentan quienes defienden la naturaleza y reflexionar sobre las acciones necesarias para fortalecer su protección.

Esta fecha conmemorativa fue establecida oficialmente en 2022 mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con el propósito de reconocer y visibilizar la labor de las personas defensoras del medio ambiente, quienes de manera cotidiana enfrentan amenazas, agresiones y procesos de criminalización por proteger los bienes naturales y los territorios de sus comunidades.

Durante el encuentro participaron personas defensoras del medio ambiente y del territorio, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y personas interesadas en la protección de los derechos humanos ambientales.

Alicia Sánchez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), presentó un panorama de la situación que enfrentan las personas defensoras ambientales en México. Señaló que el país es el tercer más riesgoso de América Latina para la defensa del medio ambiente y que, durante 2025, se documentó un incremento del 33 % en las agresiones respecto del año anterior. En ese periodo se registraron 135 eventos de agresión y 10 homicidios, siendo el propio Estado y las autoridades los principales responsables en más de la mitad de los casos. Añadió que la defensa del agua y del territorio concentra el mayor número de agresiones, mientras que los sectores hídrico, de biodiversidad, infraestructura y energía representan los principales focos de conflicto.

Raquel Flota Báez, defensora ambiental maya de la comunidad de Dziuché, Quintana Roo, e integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, señaló que la defensa del medio ambiente también implica proteger la cultura, la identidad y las formas propias de organización de los pueblos indígenas. Advirtió que el avance de megaproyectos y actividades industriales, como los desarrollos avícolas y porcícolas, ha incrementado los riesgos de despojo territorial, contaminación y violencia en las comunidades, en un contexto marcado por la creciente presencia del crimen organizado. Asimismo, denunció las dificultades para acceder a la justicia y a mecanismos de protección eficaces, así como las afectaciones que las agresiones generan no sólo en las personas defensoras, sino también en sus familias, comunidades y procesos organizativos.

A su vez, Berenice Sánchez, defensora del territorio y de la autonomía de los pueblos indígenas e integrante de la Comisión en Defensa del Bosque y la Vida de San Francisco Magú, Estado de México, expuso la lucha de su comunidad frente al avance de proyectos inmobiliarios que pretenden construir miles de viviendas sobre cientos de hectáreas de bosque de pino y encino. Señaló que este tipo de desarrollos representa una amenaza para los ecosistemas, el territorio y los derechos de las comunidades indígenas que históricamente han cuidado esos espacios.

En su intervención, Raquel Gutiérrez, del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA) de Jalisco, advirtió sobre la persistencia de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, impulsada tanto por autoridades como por actores privados, incluidas empresas. Compartió su experiencia como víctima de hostigamiento y acoso judicial por defender el derecho a la consulta y al acceso a la información frente a un proyecto inmobiliario. Recordó que, durante 2025, 107 personas defensoras enfrentaron procesos legales injustificados, lo que representa el 33.1 % del total de las agresiones documentadas. Señaló la necesidad de adecuar el sistema normativo mexicano, en los ámbitos civil y penal, a estándares más garantistas que protejan a las personas defensoras de derechos humanos y el ejercicio de su labor. 

Finalmente, Itzia Miravete, de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), señaló que el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de prevención, protección e investigación requiere poner fin a los discursos de desprestigio y deslegitimación contra las personas defensoras y organizaciones de derechos humanos promovidos por autoridades públicas, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como las instancias locales de protección, mediante recursos humanos, técnicos y presupuestarios suficientes; contar con un protocolo especializado para la investigación de delitos contra personas defensoras; y desarrollar una hoja de ruta nacional para la implementación del Acuerdo de Escazú.

La moderación estuvo a cargo de Hugo Arreola, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien destacó que proteger a quienes defienden el medio ambiente implica reconocer el valor de su labor para la conservación de los ecosistemas, la garantía de los derechos colectivos y la construcción de sociedades democráticas. Asimismo, hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades a respaldar su trabajo y a impulsar acciones concretas para garantizar condiciones seguras para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Iniciativa Sinaloa; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

Contacto: espacioosc@gmail.com @EspacioOsc / +52 444 434 0797