Mazatlán, Sinaloa; 24 de abril de 2026.
En Sinaloa, ejercer el periodismo y la defensa de derechos humanos implica riesgos persistentes. Desde el año 2000, al menos 36 personas han sido asesinadas —8 periodistas y 28 personas defensoras—. Actualmente, 39 personas cuentan con medidas de protección a nivel federal (16 defensoras y 23 periodistas), mientras que municipios como Culiacán, Mazatlán y Ahome se encuentran clasificados en nivel de riesgo alto, de acuerdo con cifras oficiales.
En este contexto, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), en coordinación con Iniciativa Sinaloa y el Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, y con el apoyo de la Embajada de Francia y la agencia de cooperación alemana Pan para el Mundo, presentaron la campaña “Proteger la Dignidad” en la ciudad de Mazatlán.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones y contó con la participación de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones y colectivas locales, así como representantes de instancias de gobierno estatal y municipal.
Durante la apertura, Sibely Cañedo, de Iniciativa Sinaloa, destacó la relevancia de la campaña como una medida de prevención y reconocimiento ante el contexto estatal, marcado por la persistencia de campañas de desprestigio y limitaciones al ejercicio periodístico. Señaló que, si bien existen avances como la Ley de Protección de 2022 y la reciente creación de una vicefiscalía especializada en delitos contra personas defensoras y periodistas, es necesario fortalecer la actuación de estás y otras dependencias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y ejercicio profesional.
Posteriormente, Mario Cardozo, en representación del Espacio OSC, presentó los componentes de la campaña, entre los que destacan un sitio web, un mapa interactivo sobre leyes de protección, recomendaciones dirigidas a autoridades estatales y herramientas prácticas para el uso de los mecanismos de protección por parte de personas defensoras y periodistas en riesgo. Entre las principales recomendaciones se encuentran: establecer una mesa de seguimiento de carpetas de investigación en la nueva vicefiscalía, fortalecer la capacitación de su personal, ampliar la presencia territorial del Instituto de Protección a nivel municipal, y garantizar, desde el Congreso local y la Secretaría de Hacienda, los recursos humanos y financieros necesarios para su adecuado funcionamiento.
En su intervención, la periodista y activista Sheila Arias Martínez expuso los diversos riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico en la entidad, subrayando la persistencia de prácticas de opacidad, la falta de rendición de cuentas y la existencia de vínculos entre actores gubernamentales y empresariales que derivan en campañas de desprestigio e incluso en acciones legales contra periodistas. Asimismo, señaló que, como consecuencia de la violencia y la disputa territorial, muchas y muchos periodistas han optado por la autocensura, generando zonas de silencio que se agravan ante la precariedad en la que se ejerce el periodismo.
Por su parte, Rita Tirado, vocera del Colectivo Periferia Subversiva, señaló los impactos de la violencia y la inseguridad en las personas defensoras de derechos humanos, con efectos diferenciados en mujeres. Asimismo, advirtió sobre el incremento del desplazamiento forzado en la zona sur de la entidad y la necesidad de acuerpar y articular los distintos procesos sociales frente a este contexto. Tanto Tirado como Arias coincidieron en la importancia de la campaña para sensibilizar a autoridades y a la sociedad, así como para reabrir el debate sobre el fortalecimiento de las políticas de protección.
Jhenny Bernal Arellano, directora del Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, destacó las acciones impulsadas por la institución en materia de prevención y protección, entre ellas la firma de convenios, procesos de capacitación y el acompañamiento a personas en situación de riesgo. No obstante, reconoció que persisten retos importantes en la coordinación interinstitucional, especialmente a nivel municipal, e hizo un llamado a fortalecer estos mecanismos de articulación. Asimismo, subrayó la relevancia de la labor de la sociedad civil en el impulso de políticas públicas y en la observancia ciudadana.
La moderación del evento estuvo a cargo de Griselda Triana, defensora de derechos humanos y directora de Tejidos Solidarios, quien cerró la jornada subrayando la importancia del trabajo articulado de la sociedad civil y la necesidad de implementar protocolos y acciones de coordinación ante el próximo contexto electoral en Sinaloa, a fin de garantizar la labor de periodistas y personas defensoras.
La campaña “Proteger la Dignidad” busca contribuir al fortalecimiento de las políticas de prevención y protección, así como al reconocimiento social de la labor de quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo en contextos de riesgo.
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