El informe, desarrollado por el Espacio OSC, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), plantea que en el actual contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México enfrentan nuevas condiciones de riesgo, además de limitaciones para desempeñar su labor debido a las medidas de distanciamiento social y confinamiento. Este deterioro de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión se da en un contexto en el que resulta indispensable contar con escrutinio público y controles colectivos ante las medidas adoptadas por distintos niveles de gobierno que han restringido o directamente violado derechos humanos.
El informe concluye con la demanda al Estado Mexicano de acatar recomendaciones y resoluciones emitidas por instancias internacionales que demandan garantizar la protección de personas defensoras y periodistas en esta crisis. De manera particular, la investigación insta a las autoridades a reconocer el trabajo de las mujeres defensoras por una sociedad más justa y equitativa, además de exigir investigación y sanción a las personas responsables de las agresiones contra personas defensoras y periodistas en el año 2020.
