20 de marzo, 2024.

OCSA de la IBERO organiza presentación del Informe Sobre la Situación de las Personas y Comunidades Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales del CEMDA

Como parte de las actividades organizadas para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana organizó en las aulas de nuestra institución un evento para presentar los datos del Informe Sobre la Situación de las Personas y Comunidades Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., o CEMDA, que evidencia que, tan sólo durante el año pasado, 20 personas que actuaban en favor del medio ambiente, la tierra y el territorio, fueron asesinadas en nuestro país.

La presentación fue dirigida por Dulce María Ramos, coordinadora del Programa Universitario para la Sustentabilidad de la IBERO; Gustavo Alanís, presidente del CEMDA, y egresado de Derecho y profesor de nuestra institución; Felipe Romero, responsable del área de Derechos Humanos del CEMDA, coordinador del informe presentado, y maestrante en Derechos Humanos IBERO; Mario Hurtado, colaborador de Espacio OSC (Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas), que monitorea y propone reformas y mejoras a la actual política de protección en México para personas defensoras y periodistas; y Ángeles Hernández, del OCSA.

Es desde hace 11 años que el CEMDA documenta agresiones contra personas y comunidades que defienden los derechos ambientales en México, y la que se presentó este martes 20 de agosto en el auditorio Xavier Scheifler de nuestra institución es la décima edición del informe.

“Este esfuerzo contribuye, entre otras cosas, a la reflexión y búsqueda de posibles soluciones, pero también contribuye a la memoria colectiva, pues en nuestros informes han quedado escritos los nombres de personas y comunidades que incluso han dado su vida por defender a nuestra madre tierra y sus territorios”, se lee en la presentación de la investigación que puede ser consultada dando clic aquí.

Sobre los asesinatos de estas 20 personas dedicadas a defender los derechos ambientales, el CEMDA advierte que ocurrieron en 16 eventos de agresión letales; 19 de estas y estos activistas habrían perdido la vida al ser víctimas de homicidio y una más por probable ejecución extrajudicial, que ocurre cuando un agente perteneciente a un cuerpo de seguridad del Estado priva de la vida arbitrariamente a alguien.

Durante su intervención, Gustavo Alanís calificó de “perverso” que una persona pierda la vida por defender la naturaleza y el territorio, pidió no dejar pasar por alto estos casos y consideró necesario trabajar para que estas situaciones no sólo vayan a la baja, sino que sean erradicadas.

Felipe Romero comentó que el informe se nutre principalmente de notas de prensa y de información directa que llega al CEMDA a través de comunidades y de defensores y defensoras; el texto, indicó, visibiliza estas batallas, brinda un diagnóstico sobre los peligros de defender territorio y derechos humanos, pero también humaniza, porque no trata a las y los afectados como simples números, ya que muestra sus nombres y presenta información sobre la labor de cada uno de ellos y ellas.

“La cifra de 20 agresiones letales en el año 2023 es la quinta más alta documentada por el CEMDA en los últimos 10 años”, se señala también, ya que en 2017 se documentaron 29 agresiones letales, en el 2021 se registraron 25, en el 2022 se registraron 24, y en el 2018 fueron documentadas 21.

Comunidades indígenas, las más agredidas

La privación de la vida no es el único tipo de agresión que aqueja a quienes luchan a favor de los derechos humanos y el territorio, tal como evidencia el CEMDA, que también registró otro tipo de ataques, como desapariciones forzadas, criminalizaciones, estigmatizaciones, agresiones físicas y violencia de género; 123 eventos de agresión en total ocurrieron contra estas personas, de acuerdo con datos del CEMDA.

Este documento, además, señala que seis de cada diez personas defensoras del ambiente y el territorio que fueron agredidas pertenecían a una comunidad indígena.

Gustavo Alanís lamentó que, según el informe del Centro que dirige, con el 49.49% de las agresiones, el Estado sea el principal perpetrador, ya sea con la actuación de integrantes de policías estatales o municipales, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, y de la Guardia Nacional; seguido del crimen organizado, con 29.6%, y el sector privado con 15.45%.

Además, alertó el especialista, el daño no acaba con la agresión a una persona, ya que la investigación advierte de más de 1,300 individuos afectados de manera indirecta, ya que esposos y esposas, hijos e hijas, familiares, vecinos y vecinas, y compañeras y compañeros de trabajo y lucha sufren daños que pueden entenderse como una “ola expansiva”.

Mario Hurtado también se refirió a la situación de las víctimas indirectas y alertó que al presentarse un ataque contra un defensor o defensora “muchas comunidades dejan de defender derechos por miedo a la replicación de la violencia”.

Felipe Romero consideró importante señalar que la investigación contempla que nahuas, mayas y tseltales son las comunidades más agredidas por estos temas.

Romero, además, resaltó que las actividades productivas más relacionadas con estos casos en 2023 fueron la minería, las referentes a las vías de comunicación y la forestal; el dato llama la atención porque entre 2012 y 2018, fue la energía eléctrica la más relacionada por los ataques (posiblemente por la implementación de una reforma energética), y en 2020 lo fueron las actividades relacionadas con vías de comunicación (cuando se construía el Tren Maya).

El papel del Estado

Para Gustavo Alanís, una de las principales causas de estas agresiones es la impunidad, ya que prácticamente el 100% de estos casos no son ni investigados ni castigados, lo que envía el mensaje a las y los atacantes de que “pueden hacer prácticamente lo que quieran”.

En opinión del experto, el gobierno ha mantenido un “silencio brutal” en el tema, cuando lo que debería haber es construir, implementar y supervisar una debida política pública que garantice la debida protección de activistas, ambientalistas y periodistas, y fortalecer los mecanismos que ya existen, que suelen contar con poco personal y poco presupuesto, limitando su alcance. Además, criticó, México ya cuenta con acuerdos internacionales al respecto, pero no se implementan: “Es claro que en México se mantiene una violencia estructural y generalizada”.

Para Mario Hurtado, la política pública a la que Alanís hizo referencia debería contemplar tres niveles: protección, investigación, y reparación y garantía de no repetición.

Hurtado, además pidió a actores estatales no criminalizar el papel de las y los defensores, ya que al referirse a éstas y éstos con términos como “pseudoambientalistas”, y en el contexto de polarización social en el que existen diversas opiniones sobre cómo debería ejercerse el poder, se contribuye a la falta de respaldo de esta labor, cuando lo que debería existir es una legitimación de las luchas que crean contrapesos y abren el debate público.

¿Y desde la Academia?

“La IBERO tiene una tradición de servicio muy importante”, reconoció Mario Hurtado, quien también advirtió que falta mucha investigación en torno a la violencia contra quienes defienden derechos y territorio,

Por tal motivo, el colaborador de Espacio OSC solicitó pensar cómo desde la Academia puede contribuirse a la visualización del fenómeno. De igual forma, reconoció a nuestras y nuestros jóvenes por el interés en el tema, y pidió “seguir apasionándose” en la creación de estrategias para proteger a las personas y al medio ambiente.

Finalmente, Ángeles Hernández advirtió que a pesar de su importante labor, los nombres de las y los activistas que dedican su vida a defender territorio y derechos muchas veces no son conocidos, “quizás porque sus luchas nos parecen lejanas”.

Por tal motivo, la colaboradora del OCSA invitó a informarse y a darse cuenta que en cuestión de defensa hay acciones múltiples, perfiles diferenciados, y personas que luchan desde muchas trincheras.

En el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la IBERO, especialistas del Programa de Sustentabilidad Ambiental, del Programa de Asuntos Migratorios, y del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas trabajan para registrar, sistematizar y analizar información sobre proyectos extractivos, sus impactos, y los procesos de lucha y resistencia en México.

Como parte de la Dirección de Incidencia de la IBERO, el OCSA trabaja para promover una conciencia crítica.

Texto: Jorge Luis Cortés / Fotos: Elihú Cortés

Publicado en: https://ibero.mx/prensa/ibero-en-alerta-por-homicidio-de-20-personas-defensoras-del-territorio-en-2023?s=08