31 de octubre de 2025
En México, ejercer el periodismo sigue siendo una labor de alto riesgo. En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora cada 2 de noviembre y fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, recordamos que el objetivo de esta fecha es visibilizar los altos niveles de impunidad en los crímenes cometidos contra personas periodistas y trabajadoras de los medios, así como instar a los Estados a adoptar medidas efectivas para investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables. En este contexto, denunciamos la falta de resultados de las autoridades mexicanas encargadas de investigar los delitos contra quienes ejercen el derecho a informar.
Durante 2024, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrió únicamente 84 carpetas de investigación por delitos contra periodistas —de las cuales solo una corresponde a homicidio—, lo que refleja una crisis estructural de investigación y persecución penal. Con un presupuesto de apenas 18.6 millones de pesos, equivalente al 0.10% del total asignado a la Fiscalía General de la República (FGR), la FEADLE carece de capacidad operativa y resultados efectivos para garantizar justicia.
Desde su creación en 2010 y hasta 2024, la FEADLE ha iniciado 2,371 casos, de los cuales solo 201 han sido resueltos. Esto equivale a una impunidad del 84.7%, que asciende a 98.27% si se consideran únicamente las sentencias condenatorias. De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado 174 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor informativa. Estas cifras muestran la profunda deuda del Estado mexicano con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
A nivel estatal, existen Fiscalías especializadas para la atención de delitos contra periodistas en entidades como Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Sin embargo, pese a su existencia y a la aprobación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión desde 2017, los resultados siguen siendo mínimos: la mayoría de los casos no se judicializa y la impunidad permanece.
También como ha documentado Comunicación e Información de la mujer (CIMAC) las mujeres periodistas enfrentan enormes obstáculos para acceder a la justicia, cuya labor suele ser invisibilizada por el sexismo en las investigaciones y la falta de perspectiva de género. Sus casos rara vez consideran la violencia de género como móvil, y muchas veces la impunidad persiste incluso después de ser asesinadas. Urge garantizar verdad, justicia y reparación con enfoque de género.
En lo que va de 2025, se tiene registro de al menos siete periodistas asesinados, siendo el caso más reciente el de Miguel Ángel Beltrán, encontrado sin vida el 25 de octubre en Durango con signos de violencia.
Ante esta situación, exigimos al Estado mexicano asumir con responsabilidad sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo y terminar con la impunidad estructural que perpetúa la violencia. Por lo que hacemos un llamado a:
A la Fiscalía General de la República:
- Establecer un plan de trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil que permita avanzar de manera efectiva en las carpetas de investigación abiertas por delitos contra periodistas.
- Fortalecer la aplicación del El Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión en coordinación con las Fiscalías Estatales a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
- Asegurar la participación constante de la FGR en las Juntas de Gobierno del Mecanismo Federal de Protección, con el fin de articular acciones de prevención, protección y acceso a la justicia.
A las Fiscalías Estatales:
- Fortalecer las unidades especializadas en las entidades que ya cuentan con Fiscalías para la investigación de delitos contra periodistas.
- Transparentar y publicar de manera periódica información sobre el avance de las investigaciones, desagregada por tipo de delito, sexo y género.
- Aplicar de forma rigurosa el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Al Poder Judicial:
- Establecer directrices de juzgamiento para delitos cometidos en contra de periodistas que incorporen una perspectiva de género y consideren todas las formas de violencia: amenazas, acoso, violencia sexual y digital, intimidación y asesinato.
La impunidad frente a los crímenes contra periodistas envía un mensaje devastador para la libertad de expresión y la democracia. El próximo 2 de noviembre, reiteramos nuestro compromiso con la verdad, la memoria y la exigencia de justicia. Ningún crimen contra periodistas debe quedar impune.
Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México
Contacto para medios:
espacioosc@gmail.com
+52 444 434 0797
Redes sociales: @EspacioOSC
