09 de diciembre, 2025

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la criminalización y el hostigamiento jurídico en contra de Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), en el estado de Jalisco. Desde 2018, la Dra. Gutiérrez Nájera, en conjunto con una asociación de colonos, interpuso el amparo 3431/2018 ante el entonces Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo, en contra del desarrollo inmobiliario promovido por Inmobiliaria Lisco S.A. de C.V. y Banco Azteca S.A. Dicho proyecto no cuenta con manifestación de impacto ambiental y contraviene la densidad habitacional permitida en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano ZPN-09 “El Nixticuil”, dada su cercanía con las Áreas de Protección Hidrológica del Bosque del Nixticuil, San Esteban y El Diente, así como con la Barranca del río Santiago y el río Blanco.

En el año 2019, posterior a la obtención de la suspensión dentro del juicio de amparo, misma que atentaba en contra de los intereses comerciales de la inmobiliaria y de la institución bancaria, las inmobiliarias presentaron una denuncia penal por la presunta comisión del delito de hechos falsos previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo,en contra los colonos y la directora de IDEA, identificada con la carpeta de investigación FED/JAL/ZAP/0000356/2019.

En 2020, dentro de la carpeta de investigación antes mencionada, tanto el Titular de la Agencia Cuarta de Ivestigadora en Zapopan, el Fiscal en Jefe del Núcleo IV de la Unidad de Investigación y Litigación, el Titular de la Investigación y el Delegado de la Fiscalía General de la República, emitieron un acuerdo en el que se decretó el no ejercicio de la acción penal por “falta elementos suficientes para sostener una acusación en contra de Raquel Gutiérrez Nájera”. 

Sin embargo, de forma irregular, en 2021 esta acción penal fue reactivada, y posteriormente judicializada bajo el número de causa penal 823/2022, coincidiendo con presiones de las empresas para que la defensora y la comunidad se desistieran de las acciones legales contra el proyecto. Tanto la defensora, IDEA como los colonos se negaron ante el incumplimiento reiterado a la normativa ambiental y de desarrollo urbano del proyecto inmobiliario.

En 2025, tras ocho años de litigio, el 12 de noviembre —un día antes de la audiencia inicial de imputación de cargos— el Juez de Distrito emitió la resolución del amparo interpuesto en 2018. En ella, sobreseyó el juicio por razones exclusivamente procedimentales, sin analizar las afectaciones e incumplimientos ambientales señalados por la Asociación de Colonos y sin resolver sobre la acción legal presentada por Raquel Gutiérrez Nájera, dejándoles en total indefensión. Pese a las evidencias de daño ambiental, el juez se negó a pronunciarse sobre el fondo del asunto. En lugar de examinar las violaciones a la legislación ambiental, limitó su decisión a argumentos formales, sin atender las afectaciones de fondo.

Posteriormente, con fecha 18 de noviembre, en la continuación de la audiencia inicial y vinculación a proceso, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Control, Rogelio León Díaz Villareal emitió un auto de vinculación a proceso contra la Dra. Gutiérrez Nájera en el ejercicio de la acción penal promovida por Inmobiliaria Lisco y Banco Azteca. El próximo 13 de diciembre se tiene previsto el cierre de la investigación complementaria en el proceso penal, quedando a la espera de las siguientes etapas.

Durante este proceso han quedado en evidencia múltiples irregularidades. Entre ellas, “invitaciones” a la Dra. Gutiérrez Nájera para desistirse del amparo o aceptar acuerdos con la inmobiliaria y la entidad financiera, con el fin de que éstas retiraran la denuncia penal. Asimismo, se han documentado graves violaciones al debido proceso, incluida la parcialidad del Juez Rogelio León Díaz Villarreal, quien permitió la presentación de datos de prueba por parte de las empresas, pero negó ese mismo derecho a la representación de la imputada y defensora del medio ambiente durante la audiencia inicial de imputación de cargos, además de imponer limitaciones infundadas a su defensa.

La reactivación irregular de una acción penal previamente desestimada muestra un patrón de persecución que coincide con los intentos de las empresas de presionar a la defensora y a la comunidad para desistir de sus acciones legales. Lo anterior evidencia una estrategia de hostigamiento que vulnera el derecho a defender derechos humanos y afecta la labor legítima que realiza el Instituto de Derecho Ambiental en defensa del territorio y del medio ambiente sano.

La criminalización de personas defensoras en México y la región se ha vuelto una práctica cada vez más recurrente que tiene como propósito silenciar u obstruir sus causas de defensa. El Centro de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó al menos 20 casos de criminalización contra personas defensoras del medio ambiente durante 2024. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que una de las modalidades empleadas por empresas privadas que propician la criminalización de personas defensoras ha sido el uso de acciones judiciales abusivas contra la participación pública como finalidad castigar o acosar a la persona demandada por participar en la vida pública. Además la CIDH ha señalado que las personas operadoras de justicia deben prevenir la criminalización de defensoras y defensores, evitando procesos penales infundados y denunciando acusaciones temerarias. También deben actuar con debida diligencia y en plazos razonables, para impedir que los procedimientos se usen como mecanismos de presión o intimidación.

Es por lo anterior que hacemos un llamado urgente: 

Al juzgado y fiscalía competente:

• Desistir del ejercicio de la acción penal, que contraviene la labor legítima de defensa de derechos humanos y del medio ambiente sano.

Al Poder Judicial de la Federación:

• Implementar acciones de sensibilización sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
• Pronunciarse de fondo en relación con el amparo presentado por la asociación de colonos y Raquel Gutiérrez Nájera.
• Emitir lineamientos de juzgamiento con enfoque de protección para casos en que personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente sean denunciadas por su labor.

A Imobiliaria Lisco S.A. de C.V. y Banco Azteca S.A.:

• Cesar toda forma de hostigamiento y persecución en contra de personas defensoras.
• Abstenerse de promover proyectos inmobiliarios sin cumplir con la normatividad ambiental y de desarrollo urbano vigentes.

Al Mecanismo Federal Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al Mecanismo Estatal Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco 

• Solicitamos al Mecanismo Federal y al Mecanismo Estatal de Jalisco reforzar de inmediato el análisis de riesgo y las medidas de protección para la Directora Raquel Gutiérrez Nájera ante la criminalización y el hostigamiento que enfrenta, así como implementar acciones de prevención y sensibilización sobre la importancia de no criminalizar a personas defensoras y emitir un pronunciamiento público reconociendo la legitimidad de su labor.

A la sociedad y medios de comunicación en general 

• Hacemos un llamado a los medios de comunicación, organizaciones acompañantes y aliadas a mantener y reforzar su respaldo público a la labor de Raquel y del Instituto de Derecho Ambiental, quienes han desempeñado un papel fundamental en la defensa del territorio y la protección del medio ambiente.

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México 

Contacto para medios: espacioosc@gmail.com 

@EspacioOsc 

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