Toluca, Estado de México, 19 de noviembre de 2024
En la Biblioteca Pública Municipal José María Heredia y Heredia se llevó a cabo el conversatorio titulado ‘Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en el Estado de México: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal’, organizado por el ColectivoEPUMx, una articulación de más de 300 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. A través de varios informes presentados en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU), este colectivo realizó un amplio diagnóstico sobre la situación general de los derechos humanos en el país.
El Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisa el cumplimiento de los compromisos internacionales en derechos humanos de los países. En su 4o ciclo, México recibió 318 recomendaciones, de las cuales aceptó 304 y tomó nota de 14. Este mecanismo proporciona una visión integral sobre los derechos humanos en el país, abordando temas clave que permiten identificar problemáticas y posibles soluciones interrelacionadas.
En este contexto, el evento reunió a defensoras y defensores de derechos humanos, académicos y autoridades de diferentes niveles para reflexionar sobre los retos y oportunidades en la implementación de las recomendaciones del EPU en el Estado de México. En una entidad con graves desafíos, como la violencia de género, desapariciones, militarización y riesgos para las personas defensoras y periodistas, se destacó la urgencia de avanzar en la protección efectiva de los derechos humanos.
Durante el evento, Hugo Arreola, representante del Centro de Derechos Humanos ‘Zeferino Ladrillero’,destacó la importancia de atender las diversas recomendaciones en materia de uso de la fuerza, haciendo énfasis en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México, y contra la militarización de la seguridad pública, especialmente en el contexto actual de la entidad. Hizo un llamado enfático a replantear las políticas de seguridad y a establecer un mayor control sobre las fuerzas policiales y de seguridad actuales.
De igual forma, Norma González, de Amnistía Internacional, ofreció un análisis detallado sobre los impactos de la violencia contra la mujer, destacando que el Estado de México ocupa el tercer lugar en feminicidios, después de Guanajuato y Baja California; ocupa el primer lugar con el mayor número de mujeres desaparecidas y que a pesar de los esfuerzos del Estado Mexicano por prevenir, atender y erradicar la violencia por razones de género, ésta continúa, por lo que subrayó la necesidad de que el Estado asuma con urgencia las, al menos 38 recomendaciones internacionales en esta área.
Posteriormente, Mario Hurtado, del Espacio OSC, profundizó en el tema de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, destacando que el Estado de México es la segunda entidad con el mayor número de personas con medidas de protección debido al riesgo que enfrentan por ejercer su labor de defensa. Además, señaló la necesidad de atender las recomendaciones, en particular las que proponen fortalecer el Mecanismo Estatal de Protección y establecer un plan de persecución penal para estos delitos.
Mónica Olmedo, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), habló sobre la situación de niñas, niños y adolescentes como víctimas de delitos. Destacó la persistente realidad sobre trabajo infantil y desaparición como dos factores de riesgo que facilitan el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de la delincuencia organizada, factores que son potenciados por el rezago educativo, el aumento de la violencia y subrayó la necesidad de que se consideré prioritaria evitar la simplificación organica de los SIPINNAS para poder contar con políticas públicas y leyes que garanticen la atención y satisfacción de los derechos de la infancia.
Por último, Zué Valenzuela, de PODER, abordó la situación de las empresas y los derechos humanos, recalcando la importancia de contar con una legislación con perspectiva de derechos humanos y género, transparente e intercultural que obligue a las empresas a rendir cuentas y al gobierno estatal asumir su rol garante frente a los abusos y violaciones a derechos humanos por la actividad empresarial. Hizo un llamado a que, a nivel local, se establezcan procedimientos de debida diligencia y respeto a los derechos humanos en todas las fases de la actividad empresarial.
Al finalizar el conversatorio, se hizo un firme llamado a las autoridades estatales para que prioricen la implementación efectiva de las recomendaciones del EPU, asegurándose de monitorearlas y de desarrollar mecanismos que promuevan políticas públicas más inclusivas y respetuosas con los derechos humanos. Se subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones, así como de incrementar los recursos humanos y financieros para las acciones en derechos humanos. Además, se resaltó el compromiso de seguir colaborando de manera conjunta para impulsar cambios estructurales que beneficien a las poblaciones más vulnerables de la entidad.
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