Boletín de Prensa
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 18 de octubre de 2024
Se llevó a cabo el conversatorio titulado «Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en Chiapas: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal», organizado por el ColectivoEPUMx, una articulación de más de 300 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que a través de varios informes presentados en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU) realizaron un amplio diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país.
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU mediante el cual se revisa el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos. Durante el 4o ciclo, México recibió 318 recomendaciones, de las cuales aceptó 304 y tomó nota de 14. El EPU ofrece un panorama amplio sobre los DDHH en México. Las recomendaciones abordan distintos temas, lo que permite identificar problemáticas transversales y, a la vez, posibilidades de intervención que, por el carácter interdependiente de los derechos humanos, garanticen una protección amplia de los mismos.
Por ello, este evento —que reunió a destacadas defensoras y defensores de derechos humanos, comunidad universitaria, representantes de organizaciones civiles y actores clave a nivel estatal y municipal en el ámbito de la protección y promoción de los derechos fundamentales— tuvo como objetivo realizar una reflexión sobre las oportunidades que se abren y los retos que se mantienen en la aplicación, a nivel estatal, de las recomendaciones formuladas en el marco del EPU especialmente, en un contexto tan complejo como el de Chiapas donde existen múltiples desafíos en materia de derechos humanos, como la desaparición forzada, la militarización, el desplazamiento forzado y la constante situación de riesgos de las personas defensoras de derechos humanos.
Durante el evento, Mario Andrés Hurtado, representante del Espacio OSC, destacó la importancia de traducir estas recomendaciones en acciones concretas que puedan generar un cambio positivo en el contexto local. A su vez, resaltó la importancia de la participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo e implementación de las políticas públicas en el ámbito de los derechos humanos y las acciones a nivel estatal.
De igual forma, Jorge Hernández, de Serapaz, ofreció un análisis detallado sobre los impactos de la desaparición forzada y la militarización en la población chiapaneca, subrayando la necesidad de que el Estado asuma con urgencia las recomendaciones internacionales en estas áreas.
Posteriormente, Yuriria Salvador, del CDH Fray Matías, profundizó en el tema de la movilidad humana, destacando la situación crítica que enfrentan las personas migrantes, en particular las detenciones arbitrarias y sistemáticas de las que son víctimas, así como el llamado a retirar facultades de control y verificación migratoria a la Guardia Nacional, pues su participación en dichas tareas propicia la comisión de violaciones a derechos humanos y estigmatiza a la población en movilidad.
Mario Ortega, del CDH Fray Bartolomé de Las Casas, habló sobre la situación de las personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado, señaló el incremento de esta problemática en distintos municipios chiapanecos y la necesidad de que se cuente con protocolos y leyes de atención e investigación de este tipo de delito a nivel estatal.
Por último, Teresa Baratta, de SweFOR, abordó la situación de las personas defensoras de derechos humanos, recalcó la importancia de intervenir en los ámbitos de la prevención del riesgo, de los mecanismos efectivos de protección, y de la lucha contra la impunidad, a través de una mayor coordinación entre la federación y la entidad federativa.
El conversatorio concluyó con un llamado a las autoridades estatales a priorizar la implementación de las recomendaciones del EPU, a observarlas y pensar mecanismos para construir políticas públicas más incluyentes y respetuosas de los derechos humanos. Las y los participantes y la comunidad académica hicieron énfasis en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, aumentar los recursos humanos y financieros para las acciones en materia de derechos humanos, y su compromiso de continuar trabajando en conjunto para promover cambios estructurales que beneficien a las poblaciones más vulnerables de la región.
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