• De 2016 a 2025, al menos 184 personas defensoras fueron asesinadas en México por una posible relación con su legítima labor. La mayoría de los casos permanecen en la impunidad.
• Llamamos a garantizar la implementación del Protocolo en las 32 entidades y a establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación con participación de la sociedad civil.

17 de agosto de 2026

Las organizaciones firmantes saludamos la aprobación, por parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, instancia que reúne a representantes de las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas y de la Federación, del Protocolo Homologado Especializado para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos, adoptado el pasado 14 de agosto.

Su adopción e implementación es necesaria y urgente pues ocurre en un contexto especialmente violento contra personas defensoras. Según cifras de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), entre el 1 de enero 2016 y el 31 de diciembre de 2025 al menos 184 personas defensoras fueron asesinadas en México en posible relación con su legítima labor.

Las agresiones, amenazas, desapariciones y asesinatos continúan afectando particularmente a quienes defienden el territorio y el medio ambiente; los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las personas LGBTI+ y de las personas migrantes; la libertad de expresión; y el derecho a la verdad y la justicia, así como a las personas buscadoras de familiares desaparecidos.

A ello se suman los elevados niveles de impunidad. Durante su visita a México en 2017, el entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, advirtió que, según diversas estimaciones, alrededor del 98 % de los delitos cometidos contra personas defensoras en relación con su labor permanecían sin resolver. Asimismo, señaló que la falta de investigaciones diligentes y sanciones efectivas favorece la repetición de las agresiones y transmite un mensaje de tolerancia frente a la violencia contra quienes defienden derechos humanos. Ante esta situación, recomendó, entre otras medidas, la creación de un protocolo especializado para la investigación de estos delitos.

En ese sentido, la aprobación de este instrumento representa un avance importante en el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano para investigar las agresiones contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos y combatir la impunidad. Asimismo, contribuye al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa y familiares vs. México, emitida en 2021, que ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas, elaborar un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra personas defensoras de derechos humanos.

Desde el Espacio OSC reconocemos y valoramos la apertura de la Fiscalía General de la República (FGR) al diálogo ya la participación de organizaciones de la sociedad civil durante el proceso de elaboración del Protocolo, así como el acompañamiento y la asistencia técnica brindados por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) a lo largo de este proceso. Este intercambio permitió aportar elementos orientados a que las investigaciones reconozcan las particularidades de las agresiones contra personas defensoras e incorporen herramientas como el análisis de contexto, la identificación de patrones de violencia, los enfoques diferenciados, de género e interseccionales, así como la dimensión y el impacto colectivo de estos delitos.

No obstante, consideramos que la aprobación del Protocolo constituye apenas un primer paso. Su efectividad dependerá de su adecuada implementación, de la generación de capacidades institucionales y de la asignación de recursos humanos y técnicos  suficientes para que sus disposiciones se traduzcan en investigaciones diligentes y efectivas.

Ante la adopción de este instrumento, hacemos un llamado a la FGR, a las fiscalías de las entidades federativas y a las demás autoridades federales y locales competentes de prevenir, proteger y atender la violencia cometida contra personas defensoras a:

• Socializar e implementar el Protocolo en todo el país, acompañado de procesos permanentes de capacitación para ministerios públicos, policías de investigación, servicios periciales, asesorías jurídicas y demás autoridades responsables de su aplicación.
• Garantizar los recursos humanos, técnicos y presupuestales necesarios para su efectiva implementación, así como fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades federales y estatales.
• Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de la implementación del Protocolo, con participación de la FGR, las instituciones de procuración de justicia y las organizaciones de la sociedad civil, que permita identificar avances, obstáculos y medidas correctivas.
• Mantener y fortalecer el diálogo con organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y víctimas durante los procesos de implementación, seguimiento y evaluación del instrumento.
• Evaluar la pertinencia de crear una Fiscalía Especializada a nivel federal para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, dotada de capacidades técnicas, personal especializado y recursos suficientes.

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Iniciativa Sinaloa; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR)

Contacto: espacioosc@gmail.com. @EspacioOsc /  +52 444 434 0797