Bogotá, 15 de abril de 2024.

Ponencia dada en el Encuentro Regional sobre Políticas de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Latinoamérica OACNUDH/CIDH/UNP.

El Espacio OSC es una coalición conformada por 14 organizaciones de la sociedad civil en México, abocadas a una amplia gama de temas vinculados a la defensa de los derechos humanos. Estos temas incluyen migración, tierra y territorio, derechos de los pueblos indígenas, búsqueda de personas desaparecidas, construcción de paz, medio ambiente, y graves violaciones a los derechos humanos, entre otros. Desde hace más de una década, el Espacio OSC ha estado activamente involucrado en la protección y acompañamiento de personas defensoras y periodistas en diversas regiones del país. Nuestro objetivo ha sido fortalecer y promover políticas públicas a nivel federal y estatal que aseguren la defensa de los derechos humanos y proporcionen protección a ambas poblaciones.

A raíz de la declaración de la Guerra contra el Narcotráfico en México en 2006, los índices de violencia contra la población en general experimentaron un notable aumento, así como los ataques dirigidos contra personas defensoras y periodistas debido al ejercicio de su labor. En este contexto de violencia, el Espacio OSC comenzó a impulsar el marco normativo federal actual en México que dió en 2012 a la creación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Desde entonces, en el Espacio OSC hemos estado monitoreando la implementación de la ley, proporcionando asistencia técnica a las instituciones gubernamentales y generando procesos de incidencia ante diversos actores tanto nacionales como internacionales. Nuestro objetivo es fortalecer el mecanismo, e impulsar una política pública integral, que atienda a las diversas necesidades que identificamos y que nos transmiten las personas defensoras y periodistas en los territorios donde brindamos acompañamiento a través de nuestras organizaciones.

Pese a los múltiples esfuerzos llevados a cabo, a más de 10 años de la Ley de Protección, las acciones gubernamentales no han logrado contrarrestar la violencia y garantizar mejores condiciones para el ejercicio de derecho a defender derechos humanos, presentando múltiples retos de coordinación interinstitucional, que limitan su enfoque y apoyo en terreno. 

Tan sólo de enero de 2019 a la fecha, según datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, al menos 103 asesinatos de personas defensoras, 41 de periodistas y siete de trabajadores de medios en posible relación con su labor. Adicionalmente, 38 personas defensoras o periodistas fueron desaparecidas (25 de ellas recuperaron su libertad, 13 siguen desaparecidas).

Es en este contexto actual de violencias y riesgos para personas defensoras y periodistas, que en 2019, a solicitud de la Secretaría de Gobernación, la oficina de la ONU-DH en México elaboró un Diagnóstico en consultas con instancias de gobierno y sociedad civil, sobre el funcionamiento del Mecanismo con 104 recomendaciones que fue recibido por las más altas autoridades en la materia e identifica varias necesidades y áreas de oportunidad de fortalecimiento. Para el seguimiento de las referidas recomendaciones se estableció un grupo de trabajo con instancias de gobierno, entre las que participa la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el Consejo Consultivo del Mecanismo, la Oficina de la ONU en México y las organizaciones que conforman el Espacio OSC, el cual que tiene como objetivos:

1. Identificar las recomendaciones prioritarias del Diagnóstico;  2. impulsar su implementación a través de rutas específicas, indicadores y medios de verificación; y 3. transmitir reportes periódicos a la Junta de Gobierno y al Grupo Externo de Observación, integrado por la CIDH y las relatorias de libertad de expresión de la ONU y de personas defensoras. 

Este mes se cumplirán 19 meses de labores y su primer informe anual resaltó que 27 de las 51 recomendaciones priorizadas tienen avances significativos y tangibles que destacan por su número y carácter estructural, tales como:

• Fortalecimiento de la coordinación interna del Mecanismo, en particular con la creación de un rol de Dirección General.
• Incremento del 70% en recursos humanos, con equilibrio de género en las contrataciones y perfiles multidisplinarios;
• Más recursos económicos y materiales para poder atender el crecimiento de personas beneficiarias; que aumentado de 800 a 2.300 personas beneficiarias en los últimos 5 años.
• Mayor coordinación con entidades federativas; a través de la realización de encuentros y fortalecimiento de enlaces estatales.
• y se cuenta con mejor información pública disponible, particularmente en redes sociales.

El Grupo de Trabajo representa un hito significativo en la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil. A través de un diálogo constructivo, estamos estableciendo un proceso participativo y estructurado para fortalecer las instituciones de una manera sin precedentes en la historia del Mecanismo. En el que la labor del Espacio OSC ha sido fundamental, tanto por su notable disposición de las organizaciones de la sociedad civil para proporcionar asistencia técnica y generar propuestas situadas conforme las necesidades de las personas beneficiarias. A su vez, el acompañamiento, asesoría e impulso de la oficina de la ONU-DH en el proceso ha sido fundamental, así como se debe reconocer la apertura del Estado para dialogar con la sociedad civil en un genuino ejercicio de fortalecimiento y rendición de cuentas.

Si bien el Grupo de Trabajo ha logrado impulsar acciones estructurales, también se reconocen los desafíos que continúan afectando la capacidad del Estado para proporcionar una protección efectiva a las personas defensoras y periodistas. Entre ellos, resaltan:

• Las dificultades para brindar protección a actores colectivos en situación de riesgo.
• La implementación parcial o inadecuada de diversas medidas, lo que explica la persistencia de ataques y asesinatos contra las personas beneficiarias.
• Los desafíos para abordar con una perspectiva de género y un enfoque diferenciado a los grupos más vulnerables.
• La atención limitada a las causas subyacentes del riesgo mediante acciones políticas, de prevención y de lucha contra la impunidad. A pesar de los avances impulsados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Grupo de Trabajo, la coordinación entre las autoridades encargadas de la protección y el acceso a la justicia sigue siendo deficiente. 
• El reforzamiento de las campañas públicas para reconocer la legítima labor de las personas defensoras y periodistas, así como detener los discursos que desacreditan su trabajo, en especial del titular del Ejecutivo, así como desarrollar medidas disciplinarias para prevenir agresiones por parte de funcionarios públicos, que representan el 55% de los presuntos perpetradores identificados.
• Por último, es crucial promover la adecuada y activa participación de todas las instituciones que conforman el Mecanismo Federal de Protección y las entidades federativas para continuar fortaleciendo la corresponsabilidad institucional a través de las capacidades técnicas, políticas y operativas para implementar la protección.

Desde el Espacio OSC consideramos que es indispensable seguir fortaleciendo la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas defensoras y periodistas, pero no se puede limitar al Mecanismo; es por eso, que desde 2018 en conjunto con la Agencia Alemana Pan para el Mundo, hemos organizado tres encuentros internacionales con organizaciones de la región y múltiples encuentros nacionales y estatales en el país, para discutir sobre los elementos que requiere una política pública integral de protección dirigida a garantizar el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión, que atienda los ejes de respeto y promoción, prevención, protección, investigación y reparación, e involucre de manera más activa a las instancias de gobierno. 

Como resultado de esto, hemos desarrollado una propuesta de política integral de protección, titulada «Puntos Prioritarios para Garantizar el Derecho a Defender los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión», la cual continuamos fortaleciendo con el apoyo de actores locales, experiencias regionales y organizaciones internacionales aliadas, a quienes agradecemos sinceramente por su acompañamiento en todo este proceso.

No queda duda de la importancia del Grupo de Trabajo ilustra una importante convergencia de voluntades tanto del gobierno federal como de la sociedad civil para establecer un proceso participativo de fortalecimiento institucional estructurado. En distintos espacios de intercambio entre personas expertas en la materia se ha puntualizado que no existen, al menos para América Latina, iniciativas equiparables. Principalmente por tener un proceso de fortalecimiento institucional continuo, estructurado y enfocado en resultados e impacto, así como por la disponibilidad de las organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en el Espacio OSC de monitorear y brindar asistencia técnica especializada. 

Para concluir, tal como señaló recientemente la oficina de la ONU en México, “esta dinámica de diálogo constructivo entre instancias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil vuelve a confirmar al Mecanismo mexicano como el principal referente en términos de modelo de gobernanza participativa”.

Muchas gracias !!