Criminalización, precarización y violencia, la constante para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Quintana Roo

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  • Organizaciones presentan informe sobre situación de personas defensoras de derechos humanos y periodista en Quintana Roo
  • A casi un año de la represión policiaca 9N en Cancún, no hay avances en las investigaciones ni justicia para las víctimas

 

22 de julio de 2021

Como parte del Ciclo de Conversatorios: La defensa de derechos humanos y de la libre expresión en México en contexto de COVID-19, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), el Espacio OSC para Personas Defensoras y Periodistas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) presentaron el “Informe Quintana Roo”.

La periodista Adriana Varillas, integrante de la Red Nacional de Periodistas, explicó que en Quintana Roo, la prensa enfrenta violencia y precarización de sus condiciones laborales,  situación que se agudizó con la pandemia.

Varillas alertó por la constante criminalización que enfrentan las y los periodistas, sobre todo quienes deciden acompañar y denunciar las agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos. Señaló que esta práctica es sistemática ya que viene desde el discurso estigmatizante del titular del  Ejecutivo Federal y se suma a otras formas de violencia contra periodistas como espionaje y sometimiento de medios de comunicación con opiniones disidentes. Todo esto, dijo,   en un contexto de consolidación de la militarización del país, para socavar libertades y perseguir a defensoras y periodistas.

Durante su participación, Wendy Galarza, defensora e integrante del Comité de Víctimas 9N, señaló que la orden de “quédate en casa”, derivada de la pandemia de COVID19, no fue segura para las mujeres, ya que el confinamiento incrementó de forma importante la violencia de género materializado en violencia en el hogar, un aumento en llamadas de emergencia  al 911,  desaparición de mujeres y en casos de feminicidio, lo que  provocó manifestaciones en el espacio digital.

Ante la escalada de la violencia contra las mujeres en el estado de Quintana Roo, la defensora recordó que, tras el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado,  conocida como Alexis, el 9 de noviembre de 2020 (9N), las mujeres salieron a las calles a protestar y  exigir una vida libre de violencia, enfrentándose a la mayor represión policial en la historia de la entidad, ejercida por elementos policiacos municipales y estatales, quienes golpearon, balacearon y cometieron actos de tortura sexual hacia manifestantes. Este uso excesivo de la fuerza se cometió con la permisividad de elementos de la Guardia Nacional que se encontraban presentes y fueron omisos ante las violaciones a derechos humanos.

Varillas señaló el enorme grado de impunidad en Cancún  y en  el estado, ya que a casi un año de la represión policiaca del 9N, no hay avances en las investigaciones ni responsables pese a recomendaciones e informes institucionales. Debido a las medidas por la contingencia sanitaria, los miembros de cuerpos policíacos que violentaron a las activistas no han sido reconocidos, por lo que la justicia para las víctimas se ha visto entorpecida.

En un panorama general, Adriana Ramírez, integrante de CIMAC habló del incremento de las violaciones y criminalización a los derechos humanos como el derecho a la protesta pacífica, a la libertad de expresión y al acceso a la información por parte de autoridades municipales y estatales. Esta violencia se recrudeció ante la crisis sanitaria por COVID19.

Ramírez señaló la necesidad de generar condiciones estructurales que posibiliten el ejercicio de la libre expresión y la defensa de derechos humanos, reconociendo las condiciones particulares tanto de género como interculturales que enfrentan periodistas y defensoras. Durante el 2020 se documentó el asesinato de seis periodistas, entre ellas María Elena Ferral, y de 24 personas defensoras de derechos humanos que luchaban por causas como el medio ambiente, una vida libre de violencia para mujeres y niñas y por la comunidad LGBTTTIQA.

Refirió que la violencia en contra de esta población ha sido reconocida por el propio Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual informó que de diciembre de 2018 a la fecha han sido asesinados 43 periodistas y 68 personas defensoras, entre ellos siete periodistas y dos defensoras eran beneficiarias de dicha institución, lo que refleja el incremento de la violencia y en particular de la violencia , hacia las mujeres que deciden colocarse en la esfera pública.

Respecto a la precarización del trabajo periodístico debido a la pandemia de COVID19, Adriana Varillas dijo que el gremio periodístico viven bajo violencias “silenciosas” ante las medidas tomadas por las empresas y dueños de medios de comunicación como despedir al personal, bajar salarios, e incrementar las jornadas laborales. Las y los periodistas se ven en la necesidad de encontrar otras fuentes de ingresos. Señaló que estas violencias también son diferenciadas, por ejemplo, si la persona defensora o periodista es mujer, tiene hijas o hijos, vive en una comunidad rural o en las islas del estado, o si rebasa los 40 años de edad, incrementa su riesgo.

Por su parte, Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, expuso un panorama de la represión y criminalización de la protesta social, ejercida por autoridades en diversos estados del país . Además, hizo énfasis en la falta de garantías para el acceso a la justicia ya que “mientras las víctimas esperan años por justicia, a ellas (las víctimas)  se les judicializa de inmediato por protestar”.

En ese sentido, retomó las recomendaciones hechas al  Estado mexicano en el informe La Era de las Mujeres Estigma y violencia contra mujeres que protestan en cuanto a la garantía de no repetición de esta violencia, y la urgencia de solucionar el tema del Mando Único en Quintana Roo y de instalar mecanismos externos para monitorear la actuación de cuerpos policíacos en manifestaciones, lo que podría abrir paso a actuaciones policiales respetuosas de los derechos humanos.

En su participación, Marion Mondain, Oficial de Derechos Humanos de la OACNUDH México, reconoció que en el país es preocupante la situación de las defensoras ya que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad por defender los derechos humanos y por su condición de género. Destacó los informes de Relatorías Especiales de ONU y los estándares internacionales dirigidos a la protección de las defensoras, como el Informe final de la misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos Michel Forst, quien visitó  México del  16 al 24 de enero de 2017, entre otros instrumentos. Ante la pregunta del público, mencionó que la OACNUDH tenía varias preocupaciones con respecto al proyecto del Tren Maya y que están realizando labores de monitoreo y seguimiento del megaproyecto.

Por parte, Lorena Contreras, integrante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo, mencionó que es necesario trabajar en conjunto con las autoridades para que reconozcan y asuman la responsabilidad y la garantía de no repetición ante agresiones como la de 2020, así como garantizar el derecho de manifestación.

Para concluir, la periodista Adriana Varillas manifestó que existe impunidad en todas las instancias, así como vacíos legales en los que los responsables siguen en cargos políticos y sin ningún tipo de sanción. También señaló que las capacitaciones impartidas a cuerpos policíacos en temas de derechos humanos no son eficaces y solo han servido para simular.

En ese sentido, la defensora Wendy Galarza señaló que el Gobierno de Quintana Roo es “el gobierno de la simulación”. Informó que la reparación del daño que se le otorgó después de recibir dos balazos durante las manifestaciones del 9N, por parte de policías, fue una indemnización de solo 8 mil pesos, además que otra manifestante que resultó herida durante la represión no fue incluída dentro de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, por lo que señaló la necesidad de que instancias como esta emitan recomendaciones que vayan acorde a la realidad y necesidad de las víctimas para dejar de lado vacíos legales que obstaculizan la efectiva reparación del daño.

Por último hizo un llamado para que víctimas, defensoras y periodistas se unan en la búsqueda de verdad, justicia y reparación y que las autoridades trabajen de manera conjunta para garantizar la reparación de daños, así como la procuración de justicia y debida diligencia sin que existan repercusiones políticas ni de otra índole.

 

Por lo anterior, hacemos énfasis en las siguientes recomendaciones:

 

  • Al Estado mexicano, garantizar y proteger el derecho humano a la protesta y a la libertad de expresión, poniendo énfasis en las movilizaciones de mujeres que exigen un alto a las violencias diferenciadas que enfrentan
  • Reconocimiento y respeto a la labor de defensa de derechos humanos por parte del gobierno en todos sus niveles
  • Erradicar la estigmatización y el descrédito hacia medios de comunicación, periodistas y personas defensoras de derechos humanos con el objetivo de asegurar

su integridad y el ejercicio de su labor frente a ataques de grupos organizados o grupos de interés.

  • A las autoridades correspondientes garantizar la reparación del daño y otorgar recursos monetarios a periodistas y personas defensoras que se han visto afectadas y limitadas en la obtención de una fuente de ingreso estable tras los actos de represión del 9N
  • Al poder judicial, asegurar debidas diligencias ante las denuncias de agresiones y violaciones de derechos humanos
  • Al Legislativo local, asegurar un marco normativo que reconozca la importancia de la labor de personas defensoras y que siente las bases de un diseño institucional que reconozca la responsabilidad del Estado para prevenir ataques y proteger a defensoras y asegurar la impartición de justicia.
  • Creación de políticas públicas de protección integral e interseccional que permitan la coordinación interinstitucional para la protección de periodistas y defensoras.

 

Para mayor información consultar el informe en línea aquí , así como la transmisión del conversatorio en este enlace.

Contacto

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos

comunicacion@reddefensorasmx.org
+52 1 55 3444 5206

Programa de Libertad de Expresión y Género, CIMAC libertadexpresion@cimac.org.mx

+521 55 1904 6972

 

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