14 de enero, 2025
A 100 días del inicio del mandato de la primera mujer presidenta de México, reconocemos los avances en diversos temas clave, entre estos destacan los programas sociales que buscan proteger los derechos económicos, sociales y culturales, garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como el avance en el reconocimiento de los derechos de comunidades y pueblos indígenas.
Pese a estas acciones, hay áreas en las que el gobierno aún debe avanzar significativamente. En particular, preocupan los pocos avances en lo que respecta al Compromiso 4 de los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum Pardo, que hace referencia a garantizar la libertad de expresión, reunión y respeto a los derechos humanos, lo cual, en su esencia, también implica la protección a quienes defienden esos derechos. A 100 días del nuevo gobierno, falta una estrategia clara para atender los riesgos que enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que van desde homicidios, criminalización, campañas de desprestigio, desplazamiento forzado, acoso judicial, violencia digital, entre otras.
En los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, hemos documentado hechos trágicos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en presunta relación con su labor. Entre ellos, el asesinato del activista y sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas (20 de octubre) y del periodista Mauricio Cruz Solís en Michoacán (29 de octubre), la desaparición de Sandra Domínguez en Oaxaca (4 de octubre), los ataques al periódico El Debate y la desaparición de su colaborador Sergio Cárdenas Hernández en Sinaloa (17 de octubre), así como las amenazas al Semanario Zeta en Baja California (29 de diciembre). Además, es importante mencionar el incremento de los riesgos que han sufrido las personas defensoras encargadas de brindar atención a migrantes, solicitantes de protección internacional, refugio y víctimas de desplazamiento forzado interno, cuyas situaciones de riesgo han ido en aumento.
A lo anterior, se suman los ataques recibidos en años anteriores, siendo México uno de los tres países con más agresiones a personas defensoras y periodistas en el mundo. Como ejemplo claro de ello, el próximo miércoles 15 de enero se cumplirán dos años de la desaparición de los defensores del territorio Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, quienes continúan en la impunidad. Estos casos, junto con las más de 130 personas defensoras de derechos humanos y 68 periodistas asesinados desde 2017, reflejan el reto que representa la protección.
Adicionalmente, respecto al presupuesto de egresos aprobado para 2025, se observan recortes preocupantes para la protección de los derechos humanos de personas defensoras y periodistas. Por ejemplo, el Mecanismo de Protección Federal, ha sufrido una reducción del 4.27%, pasando de 624.9 millones de pesos en 2024 a 598.4 millones de pesos en 2025. De manera similar se encuentra la reducción de los recursos destinados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con un recorte del 3.6%, que afecta de manera directa la atención a víctimas de violencia. En este caso, destaca la disminución del presupuesto para el otorgamiento de recursos de ayuda, asistencia y reparación integral, que se ajusta a 658 millones de pesos, lejos de los 909 millones que la Suprema Corte de Justicia había determinado como mínimo.
Además, la continuidad de la militarización de la seguridad pública, la eliminación del INAI y los institutos estatales de transparencia, así como el desconocimiento sobre cómo se garantizará el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía, debilitan su ejercicio y la transparencia en la gestión pública.
Ante este panorama, hacemos un llamado urgente al Gobierno Federal—en particular a las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Ciudadana, y a la Fiscalía General de la República—quienes forman parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, para que establezcan en conjunto con las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, un plan de trabajo dirigido a eliminar las causas de la violencia y a fortalecer las políticas públicas de protección.
Este plan de trabajo conjunto debe definir acciones específicas y medibles que permitan revertir el contexto de violaciones a los derechos humanos que continúan afectando al país y fortalecer instancias fundamentales, como es el caso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Poder Judicial y las Fiscalías encargadas de investigar los delitos. La creación de una ruta de protección integral, interseccional y preventiva debe fortalecer la interlocución con la sociedad civil, y el cuidado del espacio cívico.
Desde las organizaciones que conformamos el Espacio OSC, reiteramos nuestro compromiso y disposición al diálogo para la construcción e implementación de una política pública de protección que garantice y fortalezca el derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión.
Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentarios y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.c. (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.
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