Guanajuato, 24 de septiembre de 2026. Los días 17 y 18 de septiembre, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) presentó en León y en la ciudad de Guanajuato la campaña y el micrositio sobre leyes estatales de protección protegerladignidad.osc.mx.
Las actividades se realizaron con el apoyo de la Universidad Iberoamericana León, la Plataforma Por La Paz y La Justicia y Casa Cuévano, y permitieron dialogar con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y autoridades estatales sobre los riesgos que enfrentan estos sectores y los principales desafíos de las políticas de prevención y protección en la entidad.
Durante las presentaciones se expuso que, entre 2015 y 2025, al menos seis periodistas fueron asesinados en Guanajuato en posible relación con su labor. Los dos casos más recientes ocurrieron en marzo de 2025: Raúl Irán Villarreal y Kristian Uriel Martínez.
También se destacó que Guanajuato registra el mayor número de homicidios de personas buscadoras en el país. Desde 2018, al menos 13 personas que buscaban a familiares desaparecidos han sido asesinadas en la entidad: ocho mujeres y cinco hombres. Los casos más recientes fueron los de Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, y Patricia Negrete Tofaya, de Una Promesa por Cumplir.
De acuerdo con información del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hasta julio de 2026 Guanajuato contaba con 64 personas beneficiarias: 42 mujeres y 22 hombres. De ellas, 45 son personas defensoras de derechos humanos y 19 periodistas. Por su parte, el Consejo Estatal de Protección informó que 90 personas contaban con medidas a nivel estatal.
Durante el diálogo, periodistas de la entidad señalaron la necesidad de revisar disposiciones normativas que pueden restringir el ejercicio de la libertad de expresión, entre ellas el delito de acecho, recientemente utilizado en un proceso de judicialización contra un periodista. También advirtieron sobre las condiciones de desigualdad, precarización e inestabilidad laboral que persisten en distintos medios de comunicación.
Las personas defensoras de derechos humanos, particularmente quienes participan en la búsqueda de personas desaparecidas, compartieron los riesgos que enfrentan en actividades cotidianas como la colocación de fichas informativas, las búsquedas en campo y el seguimiento a carpetas de investigación. Estas labores suelen realizarse sin condiciones suficientes de seguridad, acompañamiento y respuesta institucional.
Respecto al Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, instancia creada en 2017, las personas participantes señalaron que persisten importantes desafíos para su adecuado funcionamiento. Entre ellos identificaron la falta de personal especializado, herramientas técnicas y presupuesto; la insuficiente transparencia sobre sus acciones y resultados; las limitaciones para garantizar una participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones y en el acceso a la información, la falta de un enfoque colectivo y comunitario, entre otros.
Las y los participantes destacaron la necesidad de fortalecer esta instancia mediante la institucionalización de procedimientos, el desarrollo de capacidades técnicas y una mayor coordinación entre las autoridades responsables. Si bien reconocieron los mensajes de la gobernadora en favor de las personas buscadoras y defensoras, subrayaron que estos deben traducirse en medidas claras y concretas que fortalezcan la protección integral y la coordinación institucional.
Entre las acciones propuestas se encuentran un incremento sustantivo del presupuesto destinado al Consejo Estatal de Protección para el ejercicio fiscal de 2027 y la elaboración de un plan anual de trabajo con objetivos, acciones, responsabilidades e indicadores que permitan atender las problemáticas identificadas y evaluar sus resultados.
En las presentaciones y espacios de diálogo participaron el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, y el secretario técnico del Consejo Estatal de Protección, Jaime Rochín. Ambos manifestaron disposición para revisar el marco normativo, incluido el delito de acecho y la ley que crea el Consejo Estatal, así como para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las instituciones responsables de brindar protección y generar mayor confianza entre la población.
Desde el Espacio OSC reiteramos la importancia de mantener un diálogo permanente entre autoridades, personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, pusimos a disposición herramientas y experiencia técnica para contribuir al fortalecimiento de las políticas de prevención y protección, así como para promover una mayor articulación entre actores locales.
La campaña Proteger la Dignidad busca reconocer públicamente el valor de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, combatir las narrativas que las estigmatizan y promover condiciones para que puedan ejercer su trabajo con libertad y sin violencia. Protegerlas no significa únicamente adoptar medidas de seguridad, sino también garantizar su participación, reconocer su contribución a la democracia y atender las causas estructurales de las agresiones que enfrentan.
