4 de febrero de 2026
Honorable Embajador
Sr. Sidharto Reza Suryodipuro
Representante Permanente de Indonesia ante Naciones Unidas
Excelentísimo Señor Presidente del Consejo de Derechos Humanos,
Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en el marco del proceso de selección para la próxima titularidad del mandato de Relatoría Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, cuyo nombramiento se realizará en marzo de 2026.
Deseamos expresar nuestro reconocimiento a los avances en el proceso de selección y la convicción de que esta designación representa una oportunidad singular para fortalecer la legitimidad y eficacia del sistema de Procedimientos Especiales del Consejo, mediante una selección que refleje cabalmente los principios de representación geográfica equilibrada e igualdad de género consagrados en la resolución 5/1 y la decisión 6/102 del Consejo de Derechos Humanos y la Declaración del Presidente OS/14/2. Por eso, quisiéramos compartir con usted algunas reflexiones:
En primer lugar, consideramos de vital importancia garantizar una representación geográfica verdaderamente equilibrada en este mandato. Desde su creación en el año 2000, ninguna persona proveniente de América Latina ha sido designada como Relator o Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Los titulares anteriores han provenido de la región de Europa Occidental y otros Estados (WEOG), del Grupo Africano y del Grupo de Asia-Pacífico, dejando a América Latina como la única región sin representación en este mandato durante sus veintiséis años de existencia1.
Esta ausencia resulta particularmente significativa si consideramos que América Latina enfrenta algunos de los contextos más críticos y complejos en materia de violencia, criminalización y riesgos para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. La región ha sido consistentemente identificada como una de las más peligrosas para defensoras y defensores de derechos humanos, particularmente para quienes trabajan en la defensa de derechos ambientales, territoriales, de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Una perspectiva regional latinoamericana aportaría una comprensión invaluable de las realidades complejas que caracterizan a regiones históricamente afectadas por desigualdades estructurales, conflictos armados y violencia sistémica contra defensoras y defensores.
En segundo lugar, y en coherencia con el llamado de la resolución 5/1 a asegurar la equidad de género en los Procedimientos Especiales, subrayamos la importancia crucial de que la selección considere prioritariamente la designación de una mujer para este mandato. Las defensoras de derechos humanos continúan enfrentando riesgos y violencias específicas por razón de género, incluyendo criminalización diferenciada, ataques digitales con componentes de género, amenazas y violencia sexual, así como barreras estructurales que limitan su participación y visibilidad.
La incorporación de una perspectiva de género no constituye simplemente un requisito técnico, sino que resulta indispensable para abordar de manera integral las dimensiones diferenciadas de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las defensoras en todo el mundo. Una mujer a cargo de este mandato aportaría una sensibilidad particular y una comprensión profunda sobre las intersecciones entre género, violencia y defensa de derechos humanos, elementos esenciales para el fortalecimiento de la protección efectiva de todas las personas defensoras.
La convergencia de estos dos principios fundamentales —representación geográfica equilibrada e igualdad de género— mediante la designación de una mujer latinoamericana para este mandato, contribuiría significativamente a una selección justa, plural e inclusiva. Esta decisión reflejaría el compromiso genuino del Consejo con la diversidad y la protección efectiva de quienes defienden los derechos humanos en contextos de alto riesgo, al tiempo que fortalecería la legitimidad y credibilidad del sistema de Procedimientos Especiales ante la comunidad internacional.
Además, la resolución 16/21 refuerza y consolida claramente el marco de nombramientos al subrayar que cualquier desviación del orden de prioridad establecido por el Grupo Consultivo debe seguir siendo excepcional, estar cuidadosamente razonada y estar plenamente justificada. Este requisito explícito subraya que las clasificaciones del Grupo Consultivo son el resultado de un proceso de selección cuidadosamente llevado a cabo y basado en criterios, lo que refuerza la integridad del Consejo de Derechos Humanos y la transparencia de sus procedimientos.
Asimismo, tal designación enviaría un mensaje poderoso sobre la importancia que el Consejo otorga al cumplimiento riguroso de los criterios técnicos establecidos, demostrando que la excelencia profesional, la experiencia relevante y la competencia demostrada pueden y deben converger con los principios de equidad geográfica y de género.
Confiamos plenamente en que, en su última etapa, el proceso de selección conducido por usted garantizará que estos elementos esenciales sean debidamente considerados, asegurando así la designación de una mujer latinoamericana con las más altas calificaciones, independencia, integridad, experiencia relevante y competencia reconocida, cuyo perfil contribuya efectivamente a la misión
fundamental de este mandato: la protección de quienes arriesgan su vida y seguridad en la defensa de los derechos humanos.
Agradecemos la atención que Su Excelencia brinde a estas consideraciones y quedamos a su disposición para cualquier información adicional que estime pertinente.
Reciba, Excelentísimo Señor Presidente, las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente,
La carta pública cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil de Argentina (Comunidad Ñanculeufu – Pueblo Mapuche; Katrawletuain Lof), Bolivia (Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB), Brasil (Justiça Global), Colombia (Programa Somos Defensores; Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL; Comisión Colombiana de Juristas; Colectivo Ansur; Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS; Fundación Agroindustrial y Ambiental Selva & Sol), Ecuador (Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo), El Salvador (Colectivo Voces Diversas), Estados Unidos (Environmental Investigation Agency – EIA US), Guatemala (Protection International Mesoamérica; Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala – UDEFEGUA), México (Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. – CEPAD; Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. – IMUMI; Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas – Espacio OSC; Observatorio de Crímenes LGBTI+; Justicia Pro Persona, A.C.; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Mujeres Libres COLEM, A.C.; Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual), Nicaragua (Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas – CALPI), Paraguay (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay – CODEHUPY), Perú (Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes – FECONAU; Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS; KENÉ Instituto de Estudios Forestales y Ambientales), Uruguay (CLADEM – Uruguay; Cotidiano Mujer / AFM), así como organizaciones regionales y multipaís, entre ellas la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
Asimismo, la comunicación es respaldada a título personal por personas defensoras de derechos humanos de Argentina (Sonia Liliana Ivanoff; María Carmen Aranzabal; Carlos López de Belva; Paula Mercedes Alvarado Mamani; Silvia María Guardado; Mariela Llanquinao; María Angélica Kees; Irma Perriot; Raúl Ángel Mazzone), Colombia (Laura Catalina Rodríguez Achury; Diana Alejandra Molina Lozano; Ricardo Álvarez Morales; Tatiana Olarte; María Isabel Henao; Germán Eduardo Molina; Mario Andrés Hurtado), Costa Rica (Alexandre Rojas Parajeles; Carlos Hernando Lozano), España (Teresa Fernández Paredes), Estados Unidos (Miguel Ruiz), Guatemala (Sonia Acabal; Juana Sales Morales; Mario Polanco; Lucía Xiloj), México (Sandra Karen Ferrer Alarcón; Claudia Brindis), Perú (Julia M. Urrunaga; Peter Edmund Valencia Alarcón; César Ipenza; Mercy Katherine Lloclla More; Alberto Ñiquen; Tatiana Espinosa Quiñones; Paula Hortensia Villarruel Vallejo; Luis A. Hallazi Méndez; Selene Azul Astrid Benavente García; Carlos Herz) y República Dominicana (Altagracia Balcácer Molina).
