México, 04 de octubre de 2022.- En el mundo, cada dos días es asesinada una persona defensora de la tierra y el medio ambiente, de acuerdo con la información de la organización Global Witness, que recientemente publicó su informe titulado Una Década de Resistencia. Diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo. En 2021, México encabezó esta lamentable lista con 54 personas asesinadas en el contexto de su labor como primera línea para detener las causas y efectos de la crisis climática.
La organización basada en Inglaterra levantó su alarma y resalta que nuestro país ha registrado al menos 154 asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2021. En el último año, más del 40% de los asesinados eran personas defensoras indígenas, seguidas de grupos de personas agricultoras. De este porcentaje, casi un tercio del total corresponde a presuntas desapariciones forzadas, lo que incluye al menos ocho personas pertenecientes a la nación Yaqui.
Las organizaciones firmantes resaltamos la preocupación que envuelve esta cifra y denota la importancia de revisar la situación de las políticas de protección integral a quienes defienden el agua, los territorios indígenas y el patrimonio ambiental del país. Cada uno de los asesinatos registrados tiene profundas implicancias en las vidas de las familias y comunidades en que las personas defensoras habitan y defienden.
Dentro de los casos que se mencionan, en 2021 se resaltó el asesinato del defensor indígena y abogado José Santos Isaac Chávez, quien se oponía públicamente al desarrollo de un proyecto minero Peña Colorada, financiado con capital europeo en los límites entre Colima y Jalisco. José fue secuestrado en su casa, y apareció dos días después, muerto al interior de su automóvil y con visibles señas de tortura, de acuerdo con la información del caso. José recibió amenazas previo a su asesinato, que no pudieron ser disuadidas por el Estado a tiempo.
No es el primer asesinato relacionado con esta mina. Periodistas y activistas locales afirman que hay decenas de desapariciones y asesinatos relacionados con ella, con casos que se remontan a 1983.
Las cifras antes presentadas son la demostración de que la política pública integral de protección a personas, comunidades defensoras defensoras y periodistas debe ser una prioridad en México. Esto, sobre todo, porque la cifra documentada por Global Witness en 2021 indica que las prácticas violentas en contra de estas personas están lejos de ser aisladas y se han convertido en un patrón de actuación por parte de sus perpetradores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la falta de consulta adecuada con las comunidades potencialmente afectadas y los consiguientes ataques contra quienes se oponen a los proyectos de firma. La criminalización y las campañas de desprestigio se señalan como amenazas perjudiciales contra los defensores de la tierra y el medio ambiente.
El Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con los estándares en la materia y dar seguimiento a las recomendaciones y sanciones por parte de órganos y organismos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Naciones Unidas y las emitidas por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo anterior, como parte del reconocimiento al aporte que las personas y comunidades defensoras hacen en la democracia y, en el caso particular de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, el rol crucial que juegan para revertir la inminente crisis que enfrenta México y el mundo.
En concreto, las organizaciones firmantes exigimos el establecimiento de una política pública de protección integral a personas y comunidades defensoras de la tierra y el medioambiente, que cuente con una mirada interseccional, perspectiva de género, coordinación adecuada y presupuesto acorde para realizar sus funciones.
Tras la aprobación del Acuerdo de Escazú en 2020, el Estado mexicano debe dar cumplimiento a una hoja de ruta para dar forma a la entrada en vigencia. que incluya la coordinación entre los poderes del Estado, la generación de políticas y financiamiento adecuado para llevar adelante el plan definido para garantizar mecanismos de justicia ambiental, transparencia, acceso a la información y un entorno seguro para el ejercicio de la defensa ambiental en México.
Consideramos que estos compromisos deben garantizar las obligaciones de investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos en contra de las personas y comunidades defensoras de la tierra y el medio ambiente en México. Las investigaciones judiciales por los asesinatos cometidos en su contra deben contemplar el ejercicio de la defensa como línea de investigación.
Reconocer el rol de las personas y comunidades defensoras de la tierra y el medioambiente como agentes clave para sobreponerse a la crisis climática es una tarea que no puede aguardar.
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Para medios:
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Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:
ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
