Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: La deuda del Estado mexicano Evaluación de la implementación de las recomendaciones

Manual sobre Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos en México. “Prevenir el riesgo”
28 marzo, 2018
A pesar de los diagnósticos y recomendaciones de la sociedad civil, el Estado mexicano no ha logrado una política de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas
24 abril, 2018

El día 26 de julio 2017, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC) (1), presentó su tercer diagnóstico en torno a los avances y limitaciones en materia de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México (en adelante PDDH y periodistas). 

El informe “Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano”, identifica la ausencia de una política pública de protección que garantice la prevención, protección, investigación y reparación del daño, al igual que los desafíos estructurales en el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo de Protección) en México. Además, realiza 58 (2) recomendaciones dirigidas, entre otras, al Mecanismo de Protección y a su principal órgano de toma de decisiones llamado Junta de Gobierno, conformada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Consultivo.

Para dar seguimiento a la implementación y estado de cumplimiento a cada una de las recomendaciones, se realizaron 3 reuniones de trabajo (3), que fueron convocadas por el Espacio OSC y representantes de la Junta de Gobierno. En el marco de esos encuentros, agradecemos en dos ocasiones la participación de un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (4), e igualmente, reconocemos la participación del Consejo Consultivo, de la titular del Mecanismo de Protección y de las personas titulares de sus tres unidades. Por otro lado, lamentamos la poca participación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), CNDH y de la SRE en las reuniones de trabajo, al igual que la ausencia total de la CNS y de la PGR, instancias que a pesar de haber sido convocadas al proceso y contar con el deber constitucional de seguridad y acceso a la justicia, no han cumplido con su mandato constitucional.

Si bien las instituciones integrantes de la Junta de Gobierno que recibieron recomendaciones hicieron observaciones, la mayoría no mostró un esfuerzo para cumplirlas. En relación al Mecanismo de Protección, el Espacio OSC reconoce la importancia de algunas de las acciones implementadas y los avances puntuales logrados. Sin embargo, a 9 meses de la presentación del informe, estas acciones no son cambios estructurales encaminados a garantizar la protección integral de PDDH y periodistas.

A continuación, enumeramos los elementos principales en cuanto a la implementación de las recomendaciones del Espacio OSC:

En primer lugar, de las 58 recomendaciones formuladas a instancias gubernamentales por parte de la sociedad civil solo dos a la fecha han sido cumplidas a cabalidad. Éstas se refieren a mantener actualizado el directorio de enlaces estatales y de integrar a la práctica y de manera efectiva la definición de PDDH y periodistas.

En segundo lugar, 14 de las 58 recomendaciones han sido incumplidas completamente, esto es una de cada cuatro recomendaciones. Entre éstas recomendaciones se encuentran: “integrar medidas de prevención para erradicar las causas estructurales que permiten las violaciones a derechos humanos y su repetición, que suponen un riesgo para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”; ydiseñar e implementar un plan integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas desplazados, por su labor de defensa de derechos humanos y libertad de expresión, que permitan su protección integral, acceso a la justicia, reparación del daño integral y condiciones adecuadas y dignas para el retorno a sus comunidades.”

Del mismo modo preocupa la falta de actuación por parte de la PGR para asegurar las investigaciones, sanciones efectivas y derechos de las víctimas, a fin de garantizar la no repetición de violaciones de derechos humanos hacia las PDDH y periodistas. Tampoco ha atendido la recomendación de asegurar la representación eficiente de la PGR ante la Junta de Gobierno, especialmente respecto a la población de personas defensoras. La PGR limita la representación ante la Junta de Gobierno a un órgano que solamente lleva casos de periodistas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). Por último, no existen avances en el diseño e implementación de un plan integral, que permita el acceso a la justicia de PDDH y periodistas desplazadas en razón de su labor.

En cuanto a la SRE, no se ha atendido la recomendación de impulsar en el marco de sus facultades, la creación de un Consejo Asesor contra la impunidad, recomendado por diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En vista de la negativa del gobierno de aceptar la implementación de esta recomendación y la falta de reconocimiento de los altos niveles de impunidad, incluyendo los casos de defensores y defensoras y periodistas, en este sentido la sociedad civil recomienda la instalación de un mecanismo internacional contra la impunidad con expertos/as internacionales con reconocido prestigio y experiencia en materia de impunidad, investigación penal, macrocriminalidad y otras materias relevantes que coadyuve en el fortalecimiento de la procuración de justicia.

Con respecto al presupuesto y fideicomiso, la Secretaría de Hacienda ha incumplido de dotar financiamiento suficiente al Mecanismo de Protección, y todo lo contrario, su presupuesto durante 2017 ha decrecido considerablemente en comparación con el presupuesto de los primeros años de funcionamiento del mecanismo federal, particularmente a la luz del creciente número de casos incorporados, y la proyección de agresiones futuras según lo indica el contexto nacional.

En un mismo sentido, a pesar de pláticas entre el Mecanismo de Protección y la CEAV, no se ha logrado garantizar la atención integral de personas beneficiarias, debido a que no se han generado los mecanismos de coordinación institucional, entre el Mecanismo de Protección y la CEAV para la incorporación de personas beneficiarias en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI). Lo anterior ha impactado de manera negativa en las medidas que otorga el Mecanismo de Protección, sin que a la fecha exista un plan integral que permita la adopción eficaz de las medidas de asistencia y atención para PDDH y periodistas desplazadas.

En tercer lugar, de 32 (5) recomendaciones dirigidas directamente al Mecanismo de Protección 23 se encuentran parcialmente cumplidas por estar en fase de de diseño o planeación. En este sentido, desde el Espacio OSC, reconocemos la apertura del personal de la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para construir conjuntamente vías que reaccionen a las diversas formas de violencia que enfrentan PDDH y periodistas, las cuales no habían sido atendidas, tales como: agresiones digitales, y actos de estigmatización y desprestigio. Igualmente, reconocemos los esfuerzos para incorporar un enfoque diferenciado en el análisis de riesgo. Sin embargo, los recursos para la transversalización del enfoque de género fueron recortados a más de la mitad de la cantidad original, por el no ejercicio del mismo.

Además, hace falta la transformación de los esfuerzos mencionados anteriormente en acciones concretas. De la misma manera, hace falta que otras ideas se concreten más allá de ser parte del plan de trabajo. Como por ejemplo, la atención psico-social y el desarrollo de alternativas a la reubicación temporal, la garantía de condiciones para brindar continuidad a la labor de defensa de derechos humanos, y/o el ejercicio de la libertad de expresión. En un segundo plano, preocupa que no exista una ruta de sustitución de la empresa privada que implemente las medidas de protección físicas del Mecanismo, cuestión con la cual el Estado mexicano no garantiza sus obligaciones para implementarlas directamente. De igual forma consterna la carencia de una política de transparencia proactiva y rendición de cuentas por parte del Mecanismo. En materia de los procesos administrativos, la postergación de Juntas de Gobierno mensuales y la falta de liquidez para pagar los viáticos de las personas beneficiarias es grave. Desde el Espacio OSC destacamos que no se han elaborado medidas de protección integral que no sólo aseguren la protección de las personas y sus familiares, sino también la de su labor.

En lo que concierne a todas las instituciones integrantes de la Junta de Gobierno, falta capacitar y sensibilizar a las autoridades y a las y los funcionarios federales, estatales y municipales con la finalidad de prevenir que continúen agrediendo a PDDH y periodistas. Además de asegurar que las investigaciones y sanciones efectivas, a fin de garantizar la no repetición de las y los funcionarios que violen los derechos humanos de las PDDH y periodistas. Llamamos a las autoridades a generar medidas frente a los procesos de criminalización, entre ellas sancionar a las y los funcionarios que participen de manera irregular en los procesos de criminalización contra estos grupos.

Aunque reconocemos los esfuerzos iniciales para abrir el diálogo con la finalidad de diseñar un protocolo homologado para la investigación de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hace falta que se concreten acciones específicas encaminadas a dar cumplimiento cabal a las recomendaciones del Espacio OSC.

Solicitamos al Estado implementar las recomendaciones internacionales relativas a la protección de las personas defensoras y periodistas incluyendo la asistencia técnica, tanto por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (CIDH y la Relatoría de Libertad de Expresión), como por el Sistema Universal de Naciones Unidas (Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos y Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión).

Por último, el Espacio OSC continúa subrayando la falta de coordinación efectiva del Mecanismo de Protección con las entidades federativas para la implementación de medidas de protección. Hace falta que las entidades federativas den seguimiento adecuado y efectivo a las medidas de protección dictadas por el Mecanismo de Protección y cumplir los convenios de colaboración y los acuerdos de las mesas de diálogo. Desde las organizaciones que acompañan el diseño de planes de contingencia y alertas preventivas para PDDH y periodistas, como en el caso de Chihuahua, no se considera que hay garantías de funcionamiento y seguimiento de las acciones planeadas a pesar de una implementación en proceso.

Por todo lo anterior, instamos a la administración federal y las distintas instancias relacionadas con la política de protección e impartición de justicia, así como a instancias locales, implementar medidas de protección y acciones concretas para cumplir de manera efectiva y diligente las 14 recomendaciones incumplidas y las 42 recomendaciones parcialmente cumplidas respecto al tercer diagnóstico de Espacio OSC en torno a los avances y limitaciones en materia de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.

El Espacio OSC concluye que no hay un avance sustantivo en el cumplimiento de las recomendaciones desarrolladas. El Mecanismo de Protección a la fecha es insuficiente y necesita del desarrollo de una política pública integral que implique la corresponsabilidad por parte de otras instituciones en los tres niveles de gobierno. En tanto las recomendaciones no sean cumplidas íntegramente por el Estado, la violencia y la impunidad en contra de PDDH y periodistas continuará.


1. Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC­ Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Amnistía Internacional (AI) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.
2.Las 58 recomendaciones mencionadas corresponden a 45 recomendaciones generales y 13 medidas particulares adicionales, integradas a manera de sub-recomendaciones en el informe del Espacio OSC.
3. 3 de noviembre de 2017, 6 de diciembre de 2017, 9 de febrero de 2018
4.La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos OACNUDH, es invitado permanente de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección.
5. Las 32 recomendaciones mencionadas corresponden a 19 recomendaciones generales y 13 medidas particulares adicionales, integradas a manera de sub-recomendaciones en el informe del Espacio OSC.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *